No es el tema de este blog. Al menos, no de forma prioritaria, pero
el caso es que un 40% o un 50% de los comentarios que llegan guardan
relación con los problemas que causan las separaciones y divorcios
traumáticos. Aquí dejo parte de un interesante reportaje sobre este
asunto que publicó mi compañera Ángeles Peñalver el pasado domingo, día
28 de marzo, en IDEAL.
“Un divorcio es para toda la vida. Desde hace tiempo, en España se ha
incrementado el clima de crispación en las relaciones familiares tras
la ruptura matrimonial con hijos. Lo afirman los jueces especializados
en la materia. En las separaciones conflictivas se instala el “todo
vale”: se olvida que hubo amor, se perjudica a los hijos y pocos caen en
la cuenta de que si no se firma la paz, la guerra puede durar para
siempre.
En Granada, según fuentes de la magistratura, los tres juzgados de
Familia -número 3, 10 y 16- tramitan cada año unos 3.700 procesos de
separación, divorcios o ejecuciones (procedimiento con embargo y venta
de bienes para liquidación de deudas). En las rupturas que llegan ante
el juez se disputa la guarda y custodia de los hijos y las visitas, cómo
se reparte la vivienda conyugal, la pensión por alimentos de la prole y
la pensión compensatoria a la ex-pareja. «Esta última suele ser para la
mujer porque aún es la que llega al juzgado en peor situación
económica. Aunque recuerdo un caso reciente de un señor, mancebo de la
farmacia de su ex mujer, que se llevó él la pensión mensual
compensatoria», abunda un magistrado de Familia en Granada.
«Yo generalmente arreglo en la sala de juicios o envío a la mediación
conciliadora el 70% de los casos. Pero cuando detecto una situación más
complicada pido que el equipo psicosocial (psicólogos y trabajadores
sociales) de la Consejería de Justicia emita un informe. Otros juzgados
utilizan más el psicosocial», explica esa fuente. En los últimos tiempos
no es raro que en las separaciones muy conflictivas (ese 30% estimado)
se incluyan acusaciones gravísimas entre los cónyuges como alcoholismo,
drogadicción o mantenimiento de relaciones sexuales delante de los hijos
para tratar de obtener una sentencia favorable por parte del acusador.
Esto desencadena que intervenga el psicosocial, que retrasa el proceso 8
ó 9 meses, aunque actualmente el plazo se ha reducido hasta 5 meses.
«El 80 ó 90% de los informes del psicosocial desmienten las duras
acusaciones que se hacen los progenitores, por ejemplo, que la otra
parte está perturbada psicológicamente. Y engañar es perjudicial, porque
cuando yo descubro que alguien se ha inventado hechos importantes
automáticamente pienso que habrá mentido en otras partes del proceso y
eso se refleja en la sentencia», comenta la fuente, que prefiere
preservar su identidad.
«Estas artimañas se usan por algunos clientes y abogados para asustar al
otro y pedir la custodia de los niños. Y todo vale, porque luego no se
castiga el decir barbaridades. Como mucho, se regaña al mentiroso…»,
explica María Teresa Morales, presidenta del grupo de Familia del
Colegio de Abogados de Granada. La letrada indica que ésta es una
práctica igualitaria, mienten descaradamente tanto hombres como mujeres,
pero «más ellos para intentar conseguir la custodia de los hijos y no
pagar». Ante eso sólo queda «apelar a la moral de cada abogado y su
cliente, cada uno con su conciencia».
La paradoja es que entre padres que se llevan muy mal no se otorgan
custodias compartidas porque los niños saldrían muy perjudicados. «Así
que acusar en falso de cosas graves para obtener ventajas es una
sinrazón. Muchas custodias compartidas son pedidas por los hombres por
pedirlas, por el dinero, por no tener que pasar pensión a la mujer. Por
cierto, no hacen falta 30 folios en una demanda para contar la vida del
cliente, con dos folios bien redactados es suficiente», concluye el
magistrado granadino, quien antes de realizar las declaraciones acababa
de otorgar la custodia de un niño de 15 años a su padre. Lo solicitó el
menor ante la enfermedad psiquiátrica, comprobada, de la madre.
Violencia contra la mujer
Los casos de separación o divorcio con hijos y con denuncias por malos
tratos, si el maltratado es hombre, llegan a los juzgados de lo Penal.
Si la maltratada es mujer, a los juzgados de Violencia contra la Mujer
(hay dos de este tipo en Granada). «En estos últimos las denuncias
también resultan ser falsas en un 80-90%», reitera el magistrado de
Familia de Granada.
Según C. M., ex Secretaria de un juzgado de Violencia de Género, la
estimación de acusaciones inventadas por casos de malos tratos en
procesos de guarda y custodia no alcanza el 80%, «pero sí el 60%». El
baile de cifras se debe a que realmente no hay estadísticas judiciales .
Algunos juristas españoles, como la ex decana de Barcelona, María
Sanahuja, denuncian en voz alta hace años esta perversión del sistema:
«Hay que buscar sin descanso a aquel que no te deja respirar, el que no
te da dinero, al que te chantajea, pero también hay que vigilar a quien
pone una denuncia falsa durante la fase de instrucción para tener mejor
situación en la separación». «Y mientras tanto, la mayoría de las
mujeres que sufren violencia extrema siguen en muchos casos padeciéndola
en silencio, viendo cómo su causa ha sufrido el desprestigio por la
acción de los que sólo las han utilizado para sus propios fines y
aspiraciones. Es hora de iniciar de nuevo el debate en el Parlamento y
valorar los resultados del camino andado», ha señalado en ocasiones la
integrante de Jueces para la Democracia.
La letrada granadina María Teresa Morales corrobora que se producen
acusaciones falsas en violencia, aunque a su entender no son porcentajes
tan altos. «A veces ocurre que sólo porque una mujer denuncie un
maltrato psicológico se adoptan medidas cautelares contra el hombre,
como la salida de la casa y el alejamiento de los hijos y de la madre,
aunque no hubiera ni siquiera una prueba contra el supuesto maltratador.
Se deberían exigir más filtros en los juzgados de Violencia contra la
Mujer porque se dan situaciones muy comprometidas que vulneran la
presunción de inocencia del hombre», recalca la presidenta de Familia de
los colegiados granadinos.
La abogada señala que, incluso, algunos clientes asumen la culpabilidad
de denuncias falsas -se conforman con lo que dice el Fiscal y la rebaja
de la pena- «por miedo al juicio posterior». Un motivo que lleva a la
mujer a mentir en los procesos de separación es que los juzgados de
Violencia de Género en «uno o dos días» pueden otorgarte medidas sobre
la pensión que debe pasar el hombre, quién se queda en la casa, la
custodia de los menores… «Se resuelve de inmediato la situación, y la
demanda de separación o divorcio posterior también la llevará el juzgado
de Violencia de Género aunque el caso de maltrato se haya archivado,
así que se ahorran pasar por el de Familia que es más lento», explica
Morales.
Condenar a quien engaña
«Podría haber una solución a esto, y es empezar a castigar a quien
denuncia en falso. Hasta ahora no hay sentencias en contra de eso. Y hay
que saber que las denuncias falsas son delitos públicos. Los fiscales y
jueces pueden, y deberían, enviar a la mujer que se ha inventado una
situación a que se le abra un procedimiento penal por el que sea
castigada por cometer un delito público. Así se podría atenuar esta
dinámica», recalca C. M., Secretaria de juzgado.
Generalmente, los jueces archivan estos casos en los que la denunciante
ha mentido flagrantemente. Pero los magistrados podrían seguir el
procedimiento hasta el final y remitir las denuncias falsas al juzgado
Decano para que luego éste las repartiera entre los juzgados de
Instrucción, donde finalmente se dictaría sentencia en contra de quien
ha engañado para obtener una situación favorable en la separación.
La letrada granadina María Teresa Morales sólo recuerda «un caso de
oficio» en el que a la mujer denunciante «la pusieron de vuelta y media»
en la sentencia por acusar de malos tratos a su marido y le abrieron un
expediente a ella, ya que el Código Penal, en su artículo 456, prevé
prisión de 6 meses a dos años y multa de 12 a 24 meses (las multas se
calculan por días) en caso de imputar en falso un delito grave.
«Los jueces no suelen perseguirlas porque son temas delicados y
escabrosos, y parece que no es políticamente correcto condenar a una
mujer que ha acudido al juzgado de Violencia de Género», coinciden C. M.
y María Teresa Morales. Para ellas, esa puede ser la manera de empezar a
acabar con las controvertidas denuncias falsas en estos procesos de
separación que perjudican a todas las partes, sobre todo, a los menores.
http://www.granadablogs.com/juezcalatayud/2010/03/mentiras-de-familia-el-80-de-las-acusaciones-que-se-cruzan-en-procesos-de-divorcio-son-falsas/