El debate sobre la gestación subrogada (término eufemístico que pretende maquillar la realidad de la mujer que se ofrece a gestar a cambio de dinero) está servido en el ámbito político y social.
Los grandes defensores de la
legalización de los “úteros de alquiler” son los grupos LGTBI, en contra
de determinados movimientos feministas que la combaten abiertamente
-por considerarla una violación de la dignidad de la mujer- y los grupos
defensores de la familia, que lo califican como un atentado contra
ésta, la unidad del matrimonio, la maternidad, la mujer y el propio
hijo.
Pero parece que el empuje de los grupos
LGTBI y la ideología de género que los sustenta, está pudiendo contra
todos en la pretensión de la legalización de esta práctica, con la
aquiescencia de algunos partidos políticos. Por cierto, la pretendida
legalización de esta forma de gestación solo en caso de que no medie
pago económico, es ingenua e irreal. En países donde se ha propuesto
esta opción, la práctica ausencia de mujeres que acepten gestar
altruistamente sigue desplazando a los demandantes hacia países en los
que la legalización sí conlleva el pago del “servicio”.
La evidencia científica ha establecido bien la trascendencia de la relación materno-fetal
en la evolución y el desarrollo del feto y en el establecimiento de
vínculos de apego entre madre e hijo que serán decisivos en su
desarrollo postnatal.
La concepción del embarazo como si se
tratara de una mera “incubación” biológica, un proceso de nutrición
aséptico, sin más vínculos entre madre e hijo que el desarrollo
biológico, supone un grave error científico y antropológico, que
deshumaniza a la mujer y a su hijo, devaluando la dignidad que ambos
poseen como seres humanos.
Gestar, renunciando a sabiendas a la
maternidad posterior, es antinatural. Además es nefasto para la mujer
que gesta, que en muchos casos cambia de opinión tras la gestación
reclamando la maternidad del hijo nacido. Pero es también un atentado a
la dignidad del hijo, que tiene derecho a un padre y una madre, que
desea conocer, y que le deben cuidados y cariño.
Y no lo decimos nosotros, lo ha dicho el
Pleno del Parlamento Europeo el 30 de noviembre de 2015 en el “Informe
Anual sobre los Derechos Humanos y la Democracia en el mundo 2014” y la
política de la Unión Europea en la materia, en el que se declara: “Condenamos
la práctica de la maternidad de alquiler, puesto que atenta contra la
dignidad humana de la mujer desde su cuerpo y sus funciones
reproductivas, puesto que se utiliza como una mercancía. Consideran que
la práctica de la subrogación gestacional que implica la explotación de
reproducción y el uso del cuerpo humano con fines de lucro o de otro
tipo, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países
en desarrollo, estará prohibida y tratado como una cuestión de urgencia
en los instrumentos de derechos humanos.”
Si parece perjudicar a tantos ¿a quién
beneficia, como para soportar tanta presión hacia su legalización? Pues
fundamentalmente a los que consideran la paternidad y maternidad como un
derecho, en beneficio personal, supeditando los demás derechos de los
afectados a la consecución de sus pretensiones. Entre estos se
encuentran varones y mujeres, que sin pareja, reclaman la paternidad y
maternidad, parejas heterosexuales con problemas de esterilidad o
simplemente de hedonismo, que les hace evitar las “molestias” de un
embarazo, y parejas homosexuales o en las que uno de los miembros es
transexual, cuyas relaciones sexuales son estériles por naturaleza.
Pero parecen ser éstos últimos
(representados por los colectivos LGTBI) los protagonistas de la presión
ideológica y mediática en pos de su legalización, muy sensibles al
deseo de paternidad y maternidad, y muy beligerantes en su defensa, pero
no tanto respecto a las consecuencias de su decisión sobre la mujer y
su hijo. La primera, porque que mercantiliza su cuerpo, y fractura su
persona por la escisión que supone gestar a un hijo al que se ha
decidido abandonar, debiendo contradecir el impulso de donación e
intimidad que naturalmente se establece entre una madre y su hijo. El
segundo porque sufre indefenso una decisión que le priva del derecho a
conocer y ser cuidado y querido por la madre que le gestó, y a ser
gestado por ser amado.
No todo el que esgrime en sus demandas
el derecho a la libertad, la defiende realmente. No parece que pagar a
una mujer para geste y renuncie al hijo que pare, por dinero, suponga un
avance importante en la conquista de sus libertades. Ni contribuimos al
respeto de los derechos del niño, cuya madre gestante lo “vendió” a
otra persona. Y esto es lo más grave, porque se trata del derecho a ser
querido por lo que es en sí mismo, por quien lo ha engendrado, gestado,
parido y criado, que lo debería haber hecho porque lo ama, porque vale y
merece cuidado de persona; y no tanto como objeto de satisfacción de
pretendidos derechos de paternidad y maternidad que deben ser
conseguidos a toda costa, desgraciadamente a costa de mujeres pobres y
niños indefensos.
Pienso que esto es una aberración. También digo que, si esas mujeres tuvieran que parir como hemos parido algunas con 12 horas de dolor inhumano...ni con dinero lo harían. Yo por lo menos ni pensarlo.
ResponderEliminarUn beso
Yo tampoco lo haría. Un beso.
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