«CASO DE LAS NIÑAS SUECAS»
«Le retiraron la custodia de sus cinco hijas por apreciaciones, y no por informes técnicos»
Admiten a trámite la querella de Rigoberto
Artiles contra la Junta por posibles delitos de prevaricación, estafa
procesal y falsificación documental
No es la primera vez que Rigoberto Artiles Ruiz
se presenta ante los medios de comunicación con el firme objetivo de
recuperar a sus cinco hijas. Ayer volvió a hacerlo junto al letrado Luis Romero, del bufete Luis Romero & Asociados
que lleva el caso, y pese a la gravedad de los hechos que se relataban,
Rigoberto permaneció inexpugnable, sereno, confiado en que los
tribunales esclarezcan una resolución de desamparo dictada por «apreciaciones y no por informes técnicos»,
unos documentos que, según el propio Luis Romero, «encontramos calcados
de un caso a otro, algo que resulta, como poco, sospechoso». Hay que
remontarse al inicio de los hechos para entender lo fragoso del caso.
Rigoberto Artiles y su exmujer A. C. B. P., ambos de nacionalidad cubana, decidieron trasladarse a Suecia en 1994, país en el que nacieron sus tres primeras hijas, M. C. A. B. (19 años), Marta Artiles B. (18) y A. M. A. B. (16). En 2001, se desplazan a España donde se establecen definitivamente en el municipio sevillano de Utrera. Aquí nacen sus dos hijas menores, S.A.B. (12 años) e I.A.B. (9). Rigoberto, licenciado en Magisterio, mantiene un negocio de distribución y venta de aceite de oliva, siendo éste el sostén económico de la familia, ya que, tal y como acordaron, su mujer (de la que se encuentra en trámites de divorcio) se ocuparía de las tareas del hogar y el cuidado de las niñas. Sin embargo, en enero de 2013 se produjo una circunstancia que cambió la situación familiar. En ese momento, la mujer de Rigoberto abandona de forma voluntaria el tratamiento para el trastorno depresivo que le fue diagnosticado en 1999. «Tenía comportamientos neuróticos y maniáticos, mantenía discusiones conmigo y con mis hijas por asuntos nimios, además de agredirnos física y verbalmente. Una de las veces que intentó quitarse la vida, mi hija mayor quiso arrebatarle el cuchillo que tenía en las manos y, como consecuencia, sufrió varias heridas en el brazo. Además, se iba por las noches y desaparecía durante varios días», cuenta el afectado, quien añade que nunca quiso denunciar a su mujer porque sabía que la raíz del problema se encontraba en su enfermedad mental. No obstante, a petición de sus hijas, Rigoberto dio el paso e interpuso una demanda tras otra agresión de su mujer a su hija mayor, que, probados los hechos, el Juzgado de Primera Instancia 1 de Utrera impuso contra A.C.B.P. una orden de alejamiento de su hija de 300 metros y del domicilio familiar.
Mientras tanto, la mujer buscaba cualquier excusa para denunciar a Rigoberto, queriendo ser considerada una persona maltratada para que le fuera concedida una ayuda económica y una medida de alejamiento de Rigoberto, quien tendría que salir de la casa quedándose ella con la vivienda y la custodia de las niñas. Falsas denuncias de las que resultó absuelto por falta de indicios.
«Vinieron al colegio para llevarnos al centro de acogida. Nos negamos porque queríamos estar con mi padre. Entonces la trabajadora social nos dijo que si no queríamos ir ese día vendrían al día siguiente, nos conducirían a la fuerza al centro y se llevarían detenido a nuestro padre. Ante esa amenaza, nos fuimos», cuenta Marta, segunda hija de Rigoberto que actualmente vive con él.
Por parte del bufete de abogados entienden «que una resolución de tal gravedad no puede tomarse a la ligera, como fue realizada en esta ocasión en base a meras alegaciones del Equipo de Protección de Menores 5 de Sevilla y de los trabajadores sociales del centro de acogida Luis Toribio de Velasco, gestionado por la Fundación Márgenes y Vínculos. Además, éstos nunca dieron a mi mandante la posibilidad de cambiar aquello, que según ellos, no era adecuado».
En cuanto al aspecto psicológico, el informe detalla que Rigoberto padece un «trastorno de la personalidad» que le «incapacita» a medio o largo plazo para cuidar de sus hijas. «Esto es una barbaridad. No se puede sacar esta conclusión tras una entrevista de quince minutos y varias llamadas telefónicas, sin realizarle pruebas y test específicos para determinar si eso es cierto. Es más, Rigoberto, por su cuenta, se realizó un estudio psicológico forense, llevado a cabo por el perito José Manuel Luna, que determinó que no padece ningún tipo de trastorno psicopatológico incompatible con el cuidado de sus hijas y el suyo propio», afirma Luis Romero.
En este sentido, el Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla admitió a trámite el pasado 8 de junio la querella presentada por Rigoberto Artiles contra el personal del Equipo de Protección de Menores 5 de Sevilla; la delegada territorial de Sevilla de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, Francisca Díaz Alcaide; el secretario general provincial de Salud y Bienestar Social, Esteban Mellado Parreño; el director del centro de acogida inmediata Luis Toribio de Velasco, de Sevilla, Luis M. Ruiz Serrano; así como contra una trabajadora social y un psicólogo de dicho centro de acogida, por posibles delitos de prevaricación, falsificación documental y estafa procesal.
Como consecuencia de esto, el pasado 15 de junio, el Juzgado de Familia 6 de Sevilla acordó suspender el juicio de ratificación de desamparo de las hijas de Rigoberto por «prejudicialidad penal». De esta forma, la medida de desamparo se inhibe hasta que la querella no se resuelva por lo Penal. «Ante esto, vamos a pedir que las niñas regresen con su padre».
Por su parte, desde la Consejería de Igualdad, Salud y Politícas Sociales aseguraron ayer a ABC que «Rigoberto está en su derecho de poner en marcha las medidas que estén en sus manos, pero el que debe decidir es el juez».
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-retiraron-custodia-cinco-hijas-apreciaciones-y-no-informes-tecnicos-201606232210_noticia.html
Rigoberto Artiles y su exmujer A. C. B. P., ambos de nacionalidad cubana, decidieron trasladarse a Suecia en 1994, país en el que nacieron sus tres primeras hijas, M. C. A. B. (19 años), Marta Artiles B. (18) y A. M. A. B. (16). En 2001, se desplazan a España donde se establecen definitivamente en el municipio sevillano de Utrera. Aquí nacen sus dos hijas menores, S.A.B. (12 años) e I.A.B. (9). Rigoberto, licenciado en Magisterio, mantiene un negocio de distribución y venta de aceite de oliva, siendo éste el sostén económico de la familia, ya que, tal y como acordaron, su mujer (de la que se encuentra en trámites de divorcio) se ocuparía de las tareas del hogar y el cuidado de las niñas. Sin embargo, en enero de 2013 se produjo una circunstancia que cambió la situación familiar. En ese momento, la mujer de Rigoberto abandona de forma voluntaria el tratamiento para el trastorno depresivo que le fue diagnosticado en 1999. «Tenía comportamientos neuróticos y maniáticos, mantenía discusiones conmigo y con mis hijas por asuntos nimios, además de agredirnos física y verbalmente. Una de las veces que intentó quitarse la vida, mi hija mayor quiso arrebatarle el cuchillo que tenía en las manos y, como consecuencia, sufrió varias heridas en el brazo. Además, se iba por las noches y desaparecía durante varios días», cuenta el afectado, quien añade que nunca quiso denunciar a su mujer porque sabía que la raíz del problema se encontraba en su enfermedad mental. No obstante, a petición de sus hijas, Rigoberto dio el paso e interpuso una demanda tras otra agresión de su mujer a su hija mayor, que, probados los hechos, el Juzgado de Primera Instancia 1 de Utrera impuso contra A.C.B.P. una orden de alejamiento de su hija de 300 metros y del domicilio familiar.
Mientras tanto, la mujer buscaba cualquier excusa para denunciar a Rigoberto, queriendo ser considerada una persona maltratada para que le fuera concedida una ayuda económica y una medida de alejamiento de Rigoberto, quien tendría que salir de la casa quedándose ella con la vivienda y la custodia de las niñas. Falsas denuncias de las que resultó absuelto por falta de indicios.
Rigoberto mantiene un negocio de venta de aceite, del cual obtiene los beneficios necesarios para mantener a su familia, y una vivienda en óptimas condicionesViendo que no conseguía su objetivo, el 2 de abril de 2013, A.C.B.P. comienza a enviar cartas a los Servicios Sociales de Utrera en las que pedía ayuda económica y una vivienda «argumentando malos tratos de Rigoberto y todo tipo de falsedades respecto al mismo para conseguir sus propósitos». Así, llegó a remitir hasta ocho misivas a diferentes organismos (Guardia Civil, Centro de la Mujer de Utrera, al propio alcalde del municipio y al Defensor del Menor, entre otros) haciéndolos responsables «de lo que pudiera pasar en su hogar». Tomando las alegaciones de la mujer como buenas, y después de una visita de 15 minutos a la vivienda y entrevistas a los progenitores de la misma duración, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta acordó el 26 de noviembre de 2013 el inicio de procedimiento de desamparo a cada una de las hijas, proponiendo para las dos más pequeñas una medida de acogimiento permanente.
«Vinieron al colegio para llevarnos al centro de acogida. Nos negamos porque queríamos estar con mi padre. Entonces la trabajadora social nos dijo que si no queríamos ir ese día vendrían al día siguiente, nos conducirían a la fuerza al centro y se llevarían detenido a nuestro padre. Ante esa amenaza, nos fuimos», cuenta Marta, segunda hija de Rigoberto que actualmente vive con él.
Por parte del bufete de abogados entienden «que una resolución de tal gravedad no puede tomarse a la ligera, como fue realizada en esta ocasión en base a meras alegaciones del Equipo de Protección de Menores 5 de Sevilla y de los trabajadores sociales del centro de acogida Luis Toribio de Velasco, gestionado por la Fundación Márgenes y Vínculos. Además, éstos nunca dieron a mi mandante la posibilidad de cambiar aquello, que según ellos, no era adecuado».
Informes sociales
En cuanto a los informes social y psicológico, a los que ha tenido acceso ABC, realizados a la familia por la trabajadora social y el psicólogo del centro Luis Toribio de Velasco, se encuentran afirmaciones que «ponen de manifiesto que los indicios contra Rigoberto no se sostienen al carecer de pruebas periciales». Así, hacen referencia a una condena que la exmujer dijo que Rigoberto tenía por malos tratos contra ella de la que apuntan, textualmente, «no tenemos constancia documental». En cuanto a las características de la casa, la cual catalogan como «inhabitable», la gravedad de los hechos se basan en que «la habitación grande tiene la cama sin hacer con el armario abierto casi vacío y dos sillones llenos de ropa [...]. La cocina muy desordenada. El fregadero estaba lleno de platos con resto de comida (arroz pegado) [...]. El baño, aunque con buenas instalaciones, estaba sucio y olía mal». Respecto de esto, Luis Romero señala que sólo se produjo una visita por parte de la trabajadora social, por lo que «ésta no puede certificar que ese ambiente sea la tónica general o un momento de desorden puntual».En cuanto al aspecto psicológico, el informe detalla que Rigoberto padece un «trastorno de la personalidad» que le «incapacita» a medio o largo plazo para cuidar de sus hijas. «Esto es una barbaridad. No se puede sacar esta conclusión tras una entrevista de quince minutos y varias llamadas telefónicas, sin realizarle pruebas y test específicos para determinar si eso es cierto. Es más, Rigoberto, por su cuenta, se realizó un estudio psicológico forense, llevado a cabo por el perito José Manuel Luna, que determinó que no padece ningún tipo de trastorno psicopatológico incompatible con el cuidado de sus hijas y el suyo propio», afirma Luis Romero.
En este sentido, el Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla admitió a trámite el pasado 8 de junio la querella presentada por Rigoberto Artiles contra el personal del Equipo de Protección de Menores 5 de Sevilla; la delegada territorial de Sevilla de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, Francisca Díaz Alcaide; el secretario general provincial de Salud y Bienestar Social, Esteban Mellado Parreño; el director del centro de acogida inmediata Luis Toribio de Velasco, de Sevilla, Luis M. Ruiz Serrano; así como contra una trabajadora social y un psicólogo de dicho centro de acogida, por posibles delitos de prevaricación, falsificación documental y estafa procesal.
Como consecuencia de esto, el pasado 15 de junio, el Juzgado de Familia 6 de Sevilla acordó suspender el juicio de ratificación de desamparo de las hijas de Rigoberto por «prejudicialidad penal». De esta forma, la medida de desamparo se inhibe hasta que la querella no se resuelva por lo Penal. «Ante esto, vamos a pedir que las niñas regresen con su padre».
Por su parte, desde la Consejería de Igualdad, Salud y Politícas Sociales aseguraron ayer a ABC que «Rigoberto está en su derecho de poner en marcha las medidas que estén en sus manos, pero el que debe decidir es el juez».
«Es lo que hay»
El bufete de abogados presentará además como prueba una conversación telefónica que mantiene el anterior defensor de Rigoberto con el letrado del Equipo de Protección de Menores 5 de Sevilla, en el que, tras conocer que existe un informe psicológico forense, el letrado afirma: «Siempre le he dicho a Rigoberto que luche por sus hijas. Ahora, encima, tiene una documentación técnica que antes no tenía y que va a ser favorable a su caso». Cuando el defensor de Rigoberto le pide que tenga en cuenta la valoración, el letrado dice: «Entiende la dificultad de lo que pides: echar por tierra la información que recibimos [...] En el momento que estamos es bastante difícil, al haber confirmado el Juzgado la decisión de la Junta, avalada por el informe psicosocial de ellos (centro de acogida), que entiendo, según me dijo Rigoberto, que fue una chapuza. No lo he leído, pero recuerdo que fue una única entrevista con él, y lo que hacía es seguir los fundamentos de los informes del Toribio, el cual no había hecho prácticamente trabajo ninguno. Pero aun así es lo que hay, y aun así es a lo que hace caso el Juzgado», termina el letrado.La madre, en un club de alterne
Rigoberto tiene actualmente negada la visita de una hora semanal para ver a sus hijas. El centro de acogida lo acusa de intentar llevarse a una de sus hijas, S.A.B. «A ese hecho le han dado la vuelta completamente, porque fue la niña quien se agarró de mi pierna porque quería venirse conmigo». Tampoco Marta Artiles ve a sus hermanas desde hace más de dos años por prohibición del centro. «Estábamos muy unidas. Esto me produce muchísimo sufrimiento», relata. Sin embargo, a día de hoy, las tres menores pueden pernoctar en el domicilio materno en días puntuales «a pesar de conocer los técnicos del centro de acogida que la exmujer de Rigoberto trabaja, junto a su pareja, en un club de alterne de noche, en jornada de 12 horas, desconociendo quién se queda con las menores».http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-retiraron-custodia-cinco-hijas-apreciaciones-y-no-informes-tecnicos-201606232210_noticia.html
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