No es el tema de este blog. Al menos, no de forma prioritaria, pero
el caso es que un 40% o un 50% de los comentarios que llegan guardan
relación con los problemas que causan las separaciones y divorcios
traumáticos. Aquí dejo parte de un interesante reportaje sobre este
asunto que publicó mi compañera Ángeles Peñalver el pasado domingo, día
28 de marzo, en IDEAL.
“Un divorcio es para toda la vida. Desde hace tiempo, en España se ha incrementado el clima de crispación en las relaciones familiares tras la ruptura matrimonial con hijos. Lo afirman los jueces especializados en la materia. En las separaciones conflictivas se instala el “todo vale”: se olvida que hubo amor, se perjudica a los hijos y pocos caen en la cuenta de que si no se firma la paz, la guerra puede durar para siempre.
En Granada, según fuentes de la magistratura, los tres juzgados de Familia -número 3, 10 y 16- tramitan cada año unos 3.700 procesos de separación, divorcios o ejecuciones (procedimiento con embargo y venta de bienes para liquidación de deudas). En las rupturas que llegan ante el juez se disputa la guarda y custodia de los hijos y las visitas, cómo se reparte la vivienda conyugal, la pensión por alimentos de la prole y la pensión compensatoria a la ex-pareja. «Esta última suele ser para la mujer porque aún es la que llega al juzgado en peor situación económica. Aunque recuerdo un caso reciente de un señor, mancebo de la farmacia de su ex mujer, que se llevó él la pensión mensual compensatoria», abunda un magistrado de Familia en Granada.
«Yo generalmente arreglo en la sala de juicios o envío a la mediación conciliadora el 70% de los casos. Pero cuando detecto una situación más complicada pido que el equipo psicosocial (psicólogos y trabajadores sociales) de la Consejería de Justicia emita un informe. Otros juzgados utilizan más el psicosocial», explica esa fuente. En los últimos tiempos no es raro que en las separaciones muy conflictivas (ese 30% estimado) se incluyan acusaciones gravísimas entre los cónyuges como alcoholismo, drogadicción o mantenimiento de relaciones sexuales delante de los hijos para tratar de obtener una sentencia favorable por parte del acusador. Esto desencadena que intervenga el psicosocial, que retrasa el proceso 8 ó 9 meses, aunque actualmente el plazo se ha reducido hasta 5 meses.
«El 80 ó 90% de los informes del psicosocial desmienten las duras acusaciones que se hacen los progenitores, por ejemplo, que la otra parte está perturbada psicológicamente. Y engañar es perjudicial, porque cuando yo descubro que alguien se ha inventado hechos importantes automáticamente pienso que habrá mentido en otras partes del proceso y eso se refleja en la sentencia», comenta la fuente, que prefiere preservar su identidad.
«Estas artimañas se usan por algunos clientes y abogados para asustar al otro y pedir la custodia de los niños. Y todo vale, porque luego no se castiga el decir barbaridades. Como mucho, se regaña al mentiroso…», explica María Teresa Morales, presidenta del grupo de Familia del Colegio de Abogados de Granada. La letrada indica que ésta es una práctica igualitaria, mienten descaradamente tanto hombres como mujeres, pero «más ellos para intentar conseguir la custodia de los hijos y no pagar». Ante eso sólo queda «apelar a la moral de cada abogado y su cliente, cada uno con su conciencia».
La paradoja es que entre padres que se llevan muy mal no se otorgan custodias compartidas porque los niños saldrían muy perjudicados. «Así que acusar en falso de cosas graves para obtener ventajas es una sinrazón. Muchas custodias compartidas son pedidas por los hombres por pedirlas, por el dinero, por no tener que pasar pensión a la mujer. Por cierto, no hacen falta 30 folios en una demanda para contar la vida del cliente, con dos folios bien redactados es suficiente», concluye el magistrado granadino, quien antes de realizar las declaraciones acababa de otorgar la custodia de un niño de 15 años a su padre. Lo solicitó el menor ante la enfermedad psiquiátrica, comprobada, de la madre.
Violencia contra la mujer
Los casos de separación o divorcio con hijos y con denuncias por malos tratos, si el maltratado es hombre, llegan a los juzgados de lo Penal. Si la maltratada es mujer, a los juzgados de Violencia contra la Mujer (hay dos de este tipo en Granada). «En estos últimos las denuncias también resultan ser falsas en un 80-90%», reitera el magistrado de Familia de Granada.
Según C. M., ex Secretaria de un juzgado de Violencia de Género, la estimación de acusaciones inventadas por casos de malos tratos en procesos de guarda y custodia no alcanza el 80%, «pero sí el 60%». El baile de cifras se debe a que realmente no hay estadísticas judiciales .
Algunos juristas españoles, como la ex decana de Barcelona, María Sanahuja, denuncian en voz alta hace años esta perversión del sistema: «Hay que buscar sin descanso a aquel que no te deja respirar, el que no te da dinero, al que te chantajea, pero también hay que vigilar a quien pone una denuncia falsa durante la fase de instrucción para tener mejor situación en la separación». «Y mientras tanto, la mayoría de las mujeres que sufren violencia extrema siguen en muchos casos padeciéndola en silencio, viendo cómo su causa ha sufrido el desprestigio por la acción de los que sólo las han utilizado para sus propios fines y aspiraciones. Es hora de iniciar de nuevo el debate en el Parlamento y valorar los resultados del camino andado», ha señalado en ocasiones la integrante de Jueces para la Democracia.
La letrada granadina María Teresa Morales corrobora que se producen acusaciones falsas en violencia, aunque a su entender no son porcentajes tan altos. «A veces ocurre que sólo porque una mujer denuncie un maltrato psicológico se adoptan medidas cautelares contra el hombre, como la salida de la casa y el alejamiento de los hijos y de la madre, aunque no hubiera ni siquiera una prueba contra el supuesto maltratador. Se deberían exigir más filtros en los juzgados de Violencia contra la Mujer porque se dan situaciones muy comprometidas que vulneran la presunción de inocencia del hombre», recalca la presidenta de Familia de los colegiados granadinos.
La abogada señala que, incluso, algunos clientes asumen la culpabilidad de denuncias falsas -se conforman con lo que dice el Fiscal y la rebaja de la pena- «por miedo al juicio posterior». Un motivo que lleva a la mujer a mentir en los procesos de separación es que los juzgados de Violencia de Género en «uno o dos días» pueden otorgarte medidas sobre la pensión que debe pasar el hombre, quién se queda en la casa, la custodia de los menores… «Se resuelve de inmediato la situación, y la demanda de separación o divorcio posterior también la llevará el juzgado de Violencia de Género aunque el caso de maltrato se haya archivado, así que se ahorran pasar por el de Familia que es más lento», explica Morales.
Condenar a quien engaña
«Podría haber una solución a esto, y es empezar a castigar a quien denuncia en falso. Hasta ahora no hay sentencias en contra de eso. Y hay que saber que las denuncias falsas son delitos públicos. Los fiscales y jueces pueden, y deberían, enviar a la mujer que se ha inventado una situación a que se le abra un procedimiento penal por el que sea castigada por cometer un delito público. Así se podría atenuar esta dinámica», recalca C. M., Secretaria de juzgado.
Generalmente, los jueces archivan estos casos en los que la denunciante ha mentido flagrantemente. Pero los magistrados podrían seguir el procedimiento hasta el final y remitir las denuncias falsas al juzgado Decano para que luego éste las repartiera entre los juzgados de Instrucción, donde finalmente se dictaría sentencia en contra de quien ha engañado para obtener una situación favorable en la separación.
La letrada granadina María Teresa Morales sólo recuerda «un caso de oficio» en el que a la mujer denunciante «la pusieron de vuelta y media» en la sentencia por acusar de malos tratos a su marido y le abrieron un expediente a ella, ya que el Código Penal, en su artículo 456, prevé prisión de 6 meses a dos años y multa de 12 a 24 meses (las multas se calculan por días) en caso de imputar en falso un delito grave.
«Los jueces no suelen perseguirlas porque son temas delicados y escabrosos, y parece que no es políticamente correcto condenar a una mujer que ha acudido al juzgado de Violencia de Género», coinciden C. M. y María Teresa Morales. Para ellas, esa puede ser la manera de empezar a acabar con las controvertidas denuncias falsas en estos procesos de separación que perjudican a todas las partes, sobre todo, a los menores.
“Un divorcio es para toda la vida. Desde hace tiempo, en España se ha incrementado el clima de crispación en las relaciones familiares tras la ruptura matrimonial con hijos. Lo afirman los jueces especializados en la materia. En las separaciones conflictivas se instala el “todo vale”: se olvida que hubo amor, se perjudica a los hijos y pocos caen en la cuenta de que si no se firma la paz, la guerra puede durar para siempre.
En Granada, según fuentes de la magistratura, los tres juzgados de Familia -número 3, 10 y 16- tramitan cada año unos 3.700 procesos de separación, divorcios o ejecuciones (procedimiento con embargo y venta de bienes para liquidación de deudas). En las rupturas que llegan ante el juez se disputa la guarda y custodia de los hijos y las visitas, cómo se reparte la vivienda conyugal, la pensión por alimentos de la prole y la pensión compensatoria a la ex-pareja. «Esta última suele ser para la mujer porque aún es la que llega al juzgado en peor situación económica. Aunque recuerdo un caso reciente de un señor, mancebo de la farmacia de su ex mujer, que se llevó él la pensión mensual compensatoria», abunda un magistrado de Familia en Granada.
«Yo generalmente arreglo en la sala de juicios o envío a la mediación conciliadora el 70% de los casos. Pero cuando detecto una situación más complicada pido que el equipo psicosocial (psicólogos y trabajadores sociales) de la Consejería de Justicia emita un informe. Otros juzgados utilizan más el psicosocial», explica esa fuente. En los últimos tiempos no es raro que en las separaciones muy conflictivas (ese 30% estimado) se incluyan acusaciones gravísimas entre los cónyuges como alcoholismo, drogadicción o mantenimiento de relaciones sexuales delante de los hijos para tratar de obtener una sentencia favorable por parte del acusador. Esto desencadena que intervenga el psicosocial, que retrasa el proceso 8 ó 9 meses, aunque actualmente el plazo se ha reducido hasta 5 meses.
«El 80 ó 90% de los informes del psicosocial desmienten las duras acusaciones que se hacen los progenitores, por ejemplo, que la otra parte está perturbada psicológicamente. Y engañar es perjudicial, porque cuando yo descubro que alguien se ha inventado hechos importantes automáticamente pienso que habrá mentido en otras partes del proceso y eso se refleja en la sentencia», comenta la fuente, que prefiere preservar su identidad.
«Estas artimañas se usan por algunos clientes y abogados para asustar al otro y pedir la custodia de los niños. Y todo vale, porque luego no se castiga el decir barbaridades. Como mucho, se regaña al mentiroso…», explica María Teresa Morales, presidenta del grupo de Familia del Colegio de Abogados de Granada. La letrada indica que ésta es una práctica igualitaria, mienten descaradamente tanto hombres como mujeres, pero «más ellos para intentar conseguir la custodia de los hijos y no pagar». Ante eso sólo queda «apelar a la moral de cada abogado y su cliente, cada uno con su conciencia».
La paradoja es que entre padres que se llevan muy mal no se otorgan custodias compartidas porque los niños saldrían muy perjudicados. «Así que acusar en falso de cosas graves para obtener ventajas es una sinrazón. Muchas custodias compartidas son pedidas por los hombres por pedirlas, por el dinero, por no tener que pasar pensión a la mujer. Por cierto, no hacen falta 30 folios en una demanda para contar la vida del cliente, con dos folios bien redactados es suficiente», concluye el magistrado granadino, quien antes de realizar las declaraciones acababa de otorgar la custodia de un niño de 15 años a su padre. Lo solicitó el menor ante la enfermedad psiquiátrica, comprobada, de la madre.
Violencia contra la mujer
Los casos de separación o divorcio con hijos y con denuncias por malos tratos, si el maltratado es hombre, llegan a los juzgados de lo Penal. Si la maltratada es mujer, a los juzgados de Violencia contra la Mujer (hay dos de este tipo en Granada). «En estos últimos las denuncias también resultan ser falsas en un 80-90%», reitera el magistrado de Familia de Granada.
Según C. M., ex Secretaria de un juzgado de Violencia de Género, la estimación de acusaciones inventadas por casos de malos tratos en procesos de guarda y custodia no alcanza el 80%, «pero sí el 60%». El baile de cifras se debe a que realmente no hay estadísticas judiciales .
Algunos juristas españoles, como la ex decana de Barcelona, María Sanahuja, denuncian en voz alta hace años esta perversión del sistema: «Hay que buscar sin descanso a aquel que no te deja respirar, el que no te da dinero, al que te chantajea, pero también hay que vigilar a quien pone una denuncia falsa durante la fase de instrucción para tener mejor situación en la separación». «Y mientras tanto, la mayoría de las mujeres que sufren violencia extrema siguen en muchos casos padeciéndola en silencio, viendo cómo su causa ha sufrido el desprestigio por la acción de los que sólo las han utilizado para sus propios fines y aspiraciones. Es hora de iniciar de nuevo el debate en el Parlamento y valorar los resultados del camino andado», ha señalado en ocasiones la integrante de Jueces para la Democracia.
La letrada granadina María Teresa Morales corrobora que se producen acusaciones falsas en violencia, aunque a su entender no son porcentajes tan altos. «A veces ocurre que sólo porque una mujer denuncie un maltrato psicológico se adoptan medidas cautelares contra el hombre, como la salida de la casa y el alejamiento de los hijos y de la madre, aunque no hubiera ni siquiera una prueba contra el supuesto maltratador. Se deberían exigir más filtros en los juzgados de Violencia contra la Mujer porque se dan situaciones muy comprometidas que vulneran la presunción de inocencia del hombre», recalca la presidenta de Familia de los colegiados granadinos.
La abogada señala que, incluso, algunos clientes asumen la culpabilidad de denuncias falsas -se conforman con lo que dice el Fiscal y la rebaja de la pena- «por miedo al juicio posterior». Un motivo que lleva a la mujer a mentir en los procesos de separación es que los juzgados de Violencia de Género en «uno o dos días» pueden otorgarte medidas sobre la pensión que debe pasar el hombre, quién se queda en la casa, la custodia de los menores… «Se resuelve de inmediato la situación, y la demanda de separación o divorcio posterior también la llevará el juzgado de Violencia de Género aunque el caso de maltrato se haya archivado, así que se ahorran pasar por el de Familia que es más lento», explica Morales.
Condenar a quien engaña
«Podría haber una solución a esto, y es empezar a castigar a quien denuncia en falso. Hasta ahora no hay sentencias en contra de eso. Y hay que saber que las denuncias falsas son delitos públicos. Los fiscales y jueces pueden, y deberían, enviar a la mujer que se ha inventado una situación a que se le abra un procedimiento penal por el que sea castigada por cometer un delito público. Así se podría atenuar esta dinámica», recalca C. M., Secretaria de juzgado.
Generalmente, los jueces archivan estos casos en los que la denunciante ha mentido flagrantemente. Pero los magistrados podrían seguir el procedimiento hasta el final y remitir las denuncias falsas al juzgado Decano para que luego éste las repartiera entre los juzgados de Instrucción, donde finalmente se dictaría sentencia en contra de quien ha engañado para obtener una situación favorable en la separación.
La letrada granadina María Teresa Morales sólo recuerda «un caso de oficio» en el que a la mujer denunciante «la pusieron de vuelta y media» en la sentencia por acusar de malos tratos a su marido y le abrieron un expediente a ella, ya que el Código Penal, en su artículo 456, prevé prisión de 6 meses a dos años y multa de 12 a 24 meses (las multas se calculan por días) en caso de imputar en falso un delito grave.
«Los jueces no suelen perseguirlas porque son temas delicados y escabrosos, y parece que no es políticamente correcto condenar a una mujer que ha acudido al juzgado de Violencia de Género», coinciden C. M. y María Teresa Morales. Para ellas, esa puede ser la manera de empezar a acabar con las controvertidas denuncias falsas en estos procesos de separación que perjudican a todas las partes, sobre todo, a los menores.
Hola Susana, son muchos los casos de denuncias falsas por ambos cónyuges aunque casi siempre sea por parte de la mujer, son casos muy delicados que, los jueces y abogados se las ven y desean para llegar a la verdad.
ResponderEliminarBesos de Espíritu sin Nombre.